Imagina un país donde cada fabricante es responsable no solo de la calidad de su producto en el estante, sino también de lo que sucede con él después de que lo desechas. En Chile, esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad consagrada en la ley. Hablamos de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que está transformando gradual pero inexorablemente todo el sistema de gestión de residuos. Antes de su adopción, Chile generaba decenas de millones de toneladas de residuos anualmente con una tasa de reciclaje de apenas el 10%, una de las más bajas de la región. Hoy, el país está transitando activamente del modelo lineal de “crear-usar-desechar” a una economía circular, y 2026 marca un verdadero avance en esta dirección.
Enero de 2026 marcó varios eventos importantes. El Ministerio de Salud aprobó una nueva normativa sanitaria que establece requisitos uniformes para el funcionamiento de los “puntos verdes”, los puntos limpios y los centros de acopio de residuos en todo el país. El documento, publicado en el Boletín Oficial el 14 de enero, define las normas técnicas para infraestructura, contenedores, señalización, así como las regulaciones de control de vectores y prevención de incendios. La principal innovación es un procedimiento sanitario simplificado para estas instalaciones, que debería agilizar su implementación en los municipios. Todos los Puntos Verdes existentes disponen de tres años para adaptarse, y las nuevas instalaciones deben cumplir con las normas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la normativa en julio de 2026.
Pero la novedad más interesante se refiere al plástico. El 7 de enero de 2026 entró en vigor la nueva normativa que implementa la Ley n.º 21.368 sobre la regulación del uso de plásticos de un solo uso y botellas de plástico. Ahora, cualquier producto etiquetado como plástico “certificado” debe cumplir con criterios estrictos: al menos un 90 % de descomposición en un año en compostaje doméstico o seis meses en instalaciones industriales, y contener al menos un 20 % de material procedente de fuentes renovables. Los fabricantes están obligados a someterse a una verificación independiente, y el embalaje debe incluir un código QR para que cualquier cliente pueda verificar la autenticidad del certificado.
Se han establecido objetivos específicos para el contenido reciclado de botellas de plástico. A partir de 2025, la meta es que al menos el 15 % del plástico se recoja y recicle a nivel nacional. Para 2030, este objetivo aumenta al 25 %, para 2040 al 50 % y para 2060 al 70 %. Pero eso no es todo. Los grandes supermercados ahora deben dedicar al menos el 30 % de su espacio de exhibición a botellas retornables, es decir, botellas que se pueden devolver y reutilizar. Las bebidas y productos importados de pequeñas y medianas empresas están actualmente exentos de este requisito, pero la tendencia es clara: los productos reutilizables se están convirtiendo en la norma, no en una alternativa.
